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| Cristina Fernández de Kirchner y José Luis Gioja |
El gobernador hizo el anuncio sin ruborizarse, flanqueado por el ingeniero Eduardo Jorge Millón, Director de Hidráulica de la provincia y ex empleado de la Barrick Gold. Lo que se dice un hombre congruente. Sobre él escribí en mi libro “El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina”: “En el año 2004, cuando José Luis Gioja se estrenaba como gobernador, designó al ingeniero de apellido premonitorio como Director del Departamento de Hidráulica. Entonces el Millón funcionario aprobó el plan hidráulico diseñado por el Millón empleado de la Barrick en cuatro actas, donde se fija el canon que debía pagar la Barrick en cinco años de explotación (de la mina Veladero).
“Parece increíble pero es cierto:
170.250 pesos por cinco años. Es decir 93 pesos por día. Lo que paga una
familia sanjuanina por mes. Sólo que la familia gasta 15 mil litros por mes y
Veladero 288 millones. Ese es el tipo de alianza que el ‘modelo’ vigente
establece como vínculo entre lo privado y lo público. El Millón empleado de la
Barrick le certifica el plan hidráulico al Millón funcionario y el Millón
funcionario le regala el agua a la Barrick, que acaba pagando el 0,16 por
ciento de lo que le cuesta el agua a los usuarios domiciliarios”.
Ahora Millón regresa triunfal con esta
“auditoría multidisciplinaria e imparcial” con la que se pretende reemplazar el
inventario nacional de glaciares y áreas periglaciales que establece la ley
26.639, impulsada por el autor de estas líneas. El inventario sigue sin
llevarse a cabo por la manifiesta desobediencia de la Presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, que vetó la primera versión de la ley en 2008 y
tuvo que aceptar a regañadientes que el Congreso se la impusiera en 2010.
Tanto Gioja como sus mandantes de la
minera canadiense, apelaron a la justicia para frenar –con una medida cautelar-
la aplicación en San Juan de la Ley de Protección a los Glaciares y las Áreas
Periglaciales. La Barrick se autoincriminó
al alegar que la norma afectaba sus intereses; una manera de reconocer que
pensaba actuar sobre glaciares y áreas periglaciares.
En julio del año pasado la Corte
Suprema de Justicia derogó las medidas cautelares dictadas por el juez federal
de San Juan, Miguel Gálvez, y declaró la plena vigencia de la Ley de Glaciares.
Con la “auditoría”, Gioja hizo lo que es costumbre o vicio en él: simular que
cumple la ley para violarla.
El gobernador, rico en medios, es tan
indigente en palabras (o se siente tan impune) que no vaciló en proclamarlo
ante la prensa: “Estamos cumpliendo con esta ley, que para nosotros es
inconstitucional, pero que igual la estamos cumpliendo. Vamos a seguir
defendiendo nuestros derechos porque estamos convencidos que el crecimiento de
la provincia viene de la mano de estas actividades”. Los “derechos” a los que
alude no son los de los ciudadanos argentinos sino los de la megaminería del
cianuro, que también “viene por todo”: en Vancouver, ante los empresarios
megamineros del Canadá, el Secretario de Minería Jorge Mayoral, aseguró que las
inversiones en el sector rondarían los 20 mil millones de dólares. Sólo Barrick tiene anunciado invertir 9.300
millones de pesos este año y asegura que ya lleva desembolsados 3700 millones
de dólares en Pascua Lama, cuya primera producción de mineral podría estar
lista para la segunda mitad del año que viene.
Tanto Barrick Gold, el mayor productor
de oro del mundo, como sus servidores en los gobiernos nacional y provincial,
temen que la ley de glaciares se interponga con las fabulosas ganancias que
proyectan. La empresa reveló que el oro puede volver a trepar a 2000 dólares la
onza este año, lo que supone una renta extraordinaria considerando que el costo
de producción –según el informe oficial de un alto ejecutivo- no supera los 50
dólares por onza.
Antes de “revelar” la auditoría
surrealista, el gobernador Gioja estuvo de visita en Veladero y Pascua Lama, acompañado –entre otros- por el
capo de Techint Paolo Rocca. También recibió la visita y el espaldarazo del
ministro de Planificación Julio De Vido.
Pero el informe del Millón, que varios
medios del establishment (como el Dow Jones Business News) se tomaron en serio,
provocó el repudio generalizado de las principales organizaciones defensoras
del medio ambiente. Greenpeace lo calificó de “vergonzoso”. La Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que un inventario serio y
transparente constituía el corazón de la Ley de Glaciares. Enrique Viale, de
Abogados Ambientalistas, se nos anticipó y calificó la auditoría como
“surrealista”. El “Diario Libre” de San Juan, uno de los pocos medios que no
controla directamente el gobernador, recordó que Millón había trabajado para
Barrick, que la Corte Suprema todavía tenía en trámite dos demandas contra la
minera canadiense y que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (IANIGLA), aún no había realizado el inventario nacional
que ordena la ley.
Diario
Libre afirma sin ambages: “Este resultado es alarmante, puesto que ya quedó
demostrado, con los propios Informes de Impacto Ambiental presentados por la
empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama que la afectación de
glaciares y del ambiente periglacial es un hecho. El informe admite,
autoincriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor
de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la ley
de glaciares y que forma parte del
ambiente periglacial).”
El 12 de octubre de 2011 –fecha que no
elegí por la supuesta “raza” ni por el codicioso navegante genovés que llegó a
este continente buscando el oro- presenté mi libro “El Mal”. Allí acusé a la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; al Secretario de Minería, Jorge
Mayoral; al Secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa y al gobernador Gioja, por
tráfico de influencias en beneficio de la Barrick Gold. Un delito que el Código
Penal castiga con penas de uno a seis
años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función
pública.
Como investigo seriamente lo que
escribo, llevé esa acusación ante el juzgado federal número dos, a cargo del
doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Que yo sepa no pasó nada en la justicia
federal y tampoco me contestó ninguno de los funcionarios denunciados.
Estoy pensando seriamente en iniciar
una (tardía) carrera como actor de cine para ver si obtengo una respuesta.
Buenos Aires, 31 de enero de 2013
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