Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año en la ESMA por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, y acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.
El actual
Ministro de Justicia, impulsor de la última reforma a la Ley Antiterrorista
para ampliar su alcance represivo, y anfitrión de escandalosos asados, tiene
viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume
encabezar, y en particular con los organismos de la ciudad que gobernó por 16
años. Entre 1998 y 2002, el entonces intendente Alak se había comprometido,
como miembro integrante de la APDH, a subsidiar el pago de alquiler de la
oficina que la APDH La Plata destinaba como estudio jurídico (350 pesos mensuales
durante tres años, que totalizaba más de 12 mil pesos). Los constantes
incumplimientos del intendente con el organismo del que fue parte y al que
incluye en su currículum político, motivaron en mayo de 2002 una carta abierta
del organismo donde denunciaban que “en todos los contactos mantenidos ante
funcionarios de su municipio y ante Ud. mismo a través de entrevistas, notas,
llamados telefónicos, se ha refrendado el compromiso de pago del subsidio
acordado”, y que “la APDH, se encuentra a la fecha en una situación
angustiosa dado que ha quedado totalmente sin fondos, lo cual la pone en riesgo
de no poder funcionar y no brindar a la comunidad de sus servicios”.
En 2006
Alak intentó subsanar su falta de compromiso con el movimiento de Derechos
Humanos de La Plata prestando las instalaciones del Salón Dorado, la
repartición más lujosa del Palacio Municipal de La Plata, para la realización
del que fuera el primer juicio en nuestra ciudad desde la reapertura de las
causas contra los genocidas.
El
espacio fue aceptado por el TOF1 porque las salas de la sede de la Justicia
Federal local se desbordarían, pero no estaba preparado para la realización de
las audiencias, y ello provocó, entre otros inconvenientes, el apriete a
testigos en la sala de espera del tribunal en la misma audiencia en que dio su
testimonio Jorge Julio Lopez. Claro que la jugada del intendente resultó
desastrosa, primero porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado
al leerse la sentencia condenatoria, pero además, porque la sede de la municipalidad
de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron a ser el
lugar de concentración y lucha de todos los 18 de septiembre para quienes desde
hace más de 6 años venimos señalando la responsabilidad de los Estados Nacional
y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de Lopez. Desde
aquel el 18 de septiembre de 2006 la puerta de la municipalidad, donde
esperábamos a Lopez junto a los organismos de Derechos Humanos para la lectura
del Alegato de la querella del espacio Justicia Ya, se ha convertido en un
espacio de la Impunidad, porque desde hace 6 años no recibimos ninguna
respuesta ni línea investigativa firme en el caso de parte del “Gobierno de los
Derechos Humanos”.
El debate
sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos
ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los
espacios.
En la
provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la
memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del
Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el EAFF anunció el
hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas
en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar.
Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara
Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar
"se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de
los militantes populares".
Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya”
de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la
necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya
que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la
tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder
avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el
interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de
ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal
Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo
del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa
oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría
anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar
la prueba judicial”.
Derotier de Cobacho consideró que “Arana es
memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por
sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos
y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un
comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a
cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las
fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia
y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de
tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera
justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la
ciudadanía”.
Desoyendo toda las críticas de los organismos, el
gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral,
y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en
teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un
“encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y
con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de
Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó
que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el
terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los
hallazgos”.
En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos
para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una
estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para
minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya
inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial
deledificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún no se
realizó.
La medida
fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la
gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la
conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro
país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que
una gestión de gobierno parece contemplar.
Un
desaire similar se vive alrededor del ex Destacamento policial de Lomas del
Mirador donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y desaparecido
Luciano Arruga. Inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en
Alerta de Lomas del Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista
Jorge Pirozolo, el lugar se estableció como dependencia de la comisaría 8va de
La Matanza para recibir denuncias. En el acto de apertura, y con la presencia
de todas las “fuerzas vivas” incluida la directora de Derechos Humanos del
municipio, Gina Di Nardo, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza
agradeció al gobernador Solá y al ministro Arslanián y aseguró que “quizá
cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de
los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta
lucha en conjunto de toda la comunidad”. Seguramente no imaginaba que la
historia haría tristemente célebre ese lugar por darle continuidad a la
práctica estatal de la desaparición forzada de personas.
Poco
antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por
obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de
Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en la municipalidad, el
intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el
inmueble para realizar un espacio cultural.
El 28 de
diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza
realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social
y Cultural Luciano Arruga", que según informó el municipio, integraría el
área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergaría las
actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades
organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo
atrás las palabras que pronunció en el discurso de apertura de la sede
policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y
aseguró que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle
una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y
transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida,
esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que
siento".
Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo".
Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevaría tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se estaba dando molestaba a las intenciones oficiales porque además de la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos emprendió una redefinición del espacio colectiva e independiente, y que pretendía transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires.
Sin mediar negociaciones, dos meses después de haber otorgado el
espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retiró la llave del
lugar al grupo de familiares con la triste frase de que “nunca más” la iban a
obtener. Ello redobló la apuesta del grupo de familiares, que desde hace 30
semanas viene realizando una radio abierta en la vereda del espacio pidiendo el
esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de
lucha antirrepresiva.
En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que
la Asociación de Ex Detenidos hizo hace varios años, se aportaban criterios
para los distintos usos del predio. Los compañeros decían claramente que para
revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era
clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y
exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su
utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que
allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que
estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la
Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de
instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un
movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios,
empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la
infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles,
playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se
planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no
se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso
de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan
un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la
cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de
Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el
predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Fundación Madres
de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia” arriendo del sector oficialista de
hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, en el “Centro
Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna Eduardo Jozami, en
el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado a Ramón Torres Molina, el Canal
Encuentro de Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado
por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos
kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas
recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.
Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene
que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la
actual.
Ya en el tratamiento ideológico del tema de la represión estatal se
puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del período
iniciado en 1983, dado que sin excepción adoptan la perspectiva de los derechos
humanos, pero siempre se opera conservando las instituciones represivas,
procurando sanearlas de sus “elementos corruptos”. El discurso de los DD.HH.,
que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa
conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no
se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de
pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita
violencia desatada antes y durante la última dictadura militar. Violencia
indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes
trabajan.
El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la
profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada
como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de
personas, las torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso de los
derechos humanos) en el plano de lo moral individual, evadiendo y
ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el
sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la
acumulación incesante del capital a expensas del trabajo. Queda en evidencia la
profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es pasible de ser leído en
claves políticamente no sólo diversas, sino también antagonistas. Lo que
permanece constante es el carácter limitadamente reformista de las políticas
que giran al compás del discurso de los DD. HH.
Por debajo de esta apariencia
engañosamente universal, se agazapa la dimensión fundamental de los DD. HH.: la
operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación
capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos
simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los
genocidas mientras se promueven políticas de impunidad. También vimos cómo se
fue construyendo un relato que oscurece el carácter de clase del conflicto en
beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía: un discurso que pide perdón
en nombre del Estado, repara económicamente a los individuos afectados por los
alcances de la represión y, sobre todo, preserva las instituciones mientras
descuelga retratos, organiza sendos brindis para festejar supuestos logros o
presenta más y más programas estatales en la materia.
Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada a
partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas que
desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de este
modo también se explica el recurso permanente del actual gobierno a la
manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad
política del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan
paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias
del capital.
Por todo
esto, el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del movimiento de
DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la
clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se
sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde
los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de
ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y
práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo
de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los
estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende
encerrar a los luchadores sociales.
HIJOS LA PLATA
Enero de 2013
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